La jurisdicción coactiva y los derechos del deudor

Abstract

En el derecho administrativo, a las personas sobre las cuales se ejerce la potestad coactiva por parte de las instituciones públicas, se debe garantizarles la correcta aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como también la imposición de aquellos axiomas propios del derecho administrativo y constitucional. La consignación del total de la obligación a través de la garantía bancaria para la revocatoria de las medidas cautelares no es proporcional ni razonada, puesto que no es lógico ni proporcional que se exija al coactivado el pago total de monto adeudado más los intereses y costas a los que hubiere lugar, lo cual evidentemente atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva que debe ser garantizado por el Estado ecuatoriano. Los elementos de las medidas cautelares deben concretarse al momento de la imposición de las medidas cautelares para garantizar su adecuada limitación en función de cada caso concreto; una correcta ejecución coactiva impide que se vulnere el derecho de la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica, la aplicación excesiva de discrecionalidad del derecho administrativo y contrarresta la extralimitación en la imposición de requisitos para la revocatoria de medidas cautelares.