Análisis de la centralización de los tribunales anticorrupción en la ciudad de Quito

Abstract

En la lucha por combatir la corrupción y delitos relacionados, muchos países han creado tribunales especializados anticorrupción que se distinguen de las instituciones judiciales ordinarias. En el año 2021, el Consejo de la Judicatura ordenó la creación de la única sede en la capital del Ecuador. Este trabajo investigativo analiza como la centralización en Quito puede violar derechos constitucionales en Ecuador, la exclusividad de estos tribunales en una única sede plantea interrogantes sobre la equidad y justicia en los procesos legales relacionados a la corrupción. Los jueces actuarán en relación con los delitos contra: La humanidad, Los derechos de libertad, Los derechos de la propiedad, La eficiencia de la administración pública, Los delitos económicos, La producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, Los recursos mineros, Terrorismo y financiación. Existen tres argumentos a favor de los tribunales especializados anticorrupción son eficiencia, integridad y experiencia. La razón más frecuente para instaurar un tribunal especializado es la voluntad de mejorar la eficiencia en el tratamiento de los casos anticorrupción. La falta de eficiencia judicial puede ser particularmente perniciosa en casos de corrupción por dos razones: la urgencia de avanzar en la lucha contra la corrupción, y las demoras significativas en los casos. Los hallazgos indican que la exclusividad del tribunal creado en Ecuador tiene un aspecto positivo en lo que el anhelo de justicia se refiere, pero presenta deficiencias en términos de acceso equitativo a la justicia y el respeto a los derechos constitucionales, Podría generar desigualdades en el acceso a la justicia para personas que no residen en la capital, esto podría violar el principio de igualdad ante la ley consagrado en la constitución ecuatoriana. La centralización no solo afecta a los acusados, sino también a la percepción pública de la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.