Vulneración de los derechos constitucionales del alimentante en la presentación de la demanda de alimentos

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 2008 establece en los artículos 44 y 45 los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Uno de los derechos que consagra la Constitución de la República del Ecuador es al desarrollo integral, entendiéndose como tal al derecho a la integridad física y síquica; y a la salud integral y nutrición. Seguidamente, el artículo 76 de la Carta Magna señala los derechos y obligaciones que tienen aquellas personas que se ven involucradas en un proceso judicial de cualquier naturaleza. Todo acontece con absoluta normalidad cuando todos los derechos a los que aluden las dos primeras normas constitucionales arriba mencionadas son cumplidos por parte de los progenitores. Sin embargo, cuando uno de los progenitores se niega a cumplirlos, sale a la luz la oportunidad que tienen los hijos del progenitor, tal como lo señala el artículo 75 de la Ley Fundamental del Estado, de acceder de manera gratuita a la justicia para obtener la tutela judicial, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. Entonces, una de las maneras de acceder a la justicia es a través de una demanda por medio de la cual la persona que considera que han sido menoscabados sus derechos consiga que el titular del órgano jurisdiccional competente active todos los recursos humanos, técnicos y jurídicos con que dispone para que se convierta en realidad el imperativo constitucional de tutelar los derechos de quien ha presentado la demanda.

Pero el problema jurídico no termina cuando el titular del órgano jurisdiccional competente ha puesto en actividad todas las competencias que le confiere la ley una vez que quien ve que sus derechos no han sido reconocidos luego de la presentación de la demanda, sino que, por el contrario, el problema jurídico recién comienza porque estamos frente a un proceso judicial que se ha puesto en marcha precisamente con esa misma demanda. Decimos, por lo tanto, que el problema jurídico recién toma forma por la razón consistente en que el demandado también tiene derechos en el marco del proceso judicial que se ha incoado en su contra, siendo uno de esos derechos el que determina el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador: El derecho a la defensa. En consecuencia, se inicia con la demanda, pero eso no quiere decir que con la sola presentación de la misma ya se pueden ejercer los derechos y contraer las obligaciones que contemplan la Constitución y la ley tanto para quien presentó la demanda como para quien en contra del cual se la ha presentado. Los derechos y obligaciones empiezan a ejercerse cuando la demanda ha sido citada al demandado. Entonces, habría que establecer lo que pasaría si antes de hacerse llegar la demanda al demandado se fija una pensión alimenticia que éste último deberá cancelar apenas se lo cita con la misma. Por consiguiente, se estaría rompiendo con el derecho a la defensa constitucionalmente garantizado si antes de que el demandado ejerza sus derecho a la defensa dentro del proceso judicial de alimentos incoado en su contra, no a través de una sentencia sino a través de un auto de calificación de la demanda ya se lo ha declarado responsable de pagar una pensión alimenticia…….