La apropiación fraudulenta por medios electrónicos en el Ecuador y el endurecimiento de penas

Abstract

El objetivo general de esta investigación es analizar el delito de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos en el Ecuador y el endurecimiento de penas, con un enfoque específico hacia el artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal. Este delito abarca la obtención no autorizada de fondos o bienes a través de la utilización de las Tecnologías de la Información, tales como: Internet, Redes Sociales, correo electrónico, entre otros. Este delito puede incluir la realización de transferencias bancarias no autorizadas, la compra de bienes o servicios con tarjetas de crédito robadas, el robo de identidad para obtener créditos o préstamos, entre otros. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 190, tipifica la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, estableciendo una pena de 1 a 3 años de prisión para aquellos que se apropien fraudulentamente de fondos o bienes a través de la utilización de las Tecnologías de la Información. En la presente investigación, se recomienda aumentar la pena mínima a 7 años y la máxima a 10 años de prisión, para así establecer penas más severas para aquellos casos en los que se produzcan daños significativos a la propiedad o la seguridad de las personas. Adicionalmente, se recomienda establecer la obligación de restituir los fondos o bienes apropiados fraudulentamente, como condición para la concesión de la libertad condicional. La metodología empleada siguió un enfoque mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos. Se realizó una investigación descriptiva para obtener una comprensión inicial del impacto de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Se aplicaron diversas técnicas, como son las entrevistas a profesionales abogados penalistas e Ingenieros de Telecomunicaciones, además de encuestas a residentes, utilizando cuestionarios. La población objetivo incluye a residentes de la Urbanización los Prados Etapa 1 vía a salitre, expertos en el derecho penal e Ingenieros de Telecomunicaciones. La muestra seleccionada representa a estos grupos clave, garantizando una diversidad de perspectivas.