Carácter proteccionista de la legislación ecuatoriana, con relación a los adolescentes infractores.

Abstract

La legislación ecuatoriana adopta un enfoque eminentemente proteccionista hacia los adolescentes infractores, fundamentado en la doctrina de la protección integral establecida en la Constitución de 2008 y desarrollada principalmente en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). Este marco normativo reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos en situación de vulnerabilidad, priorizando su rehabilitación y reinserción social por encima del castigo punitivo. El modelo de justicia juvenil está basado en la idea de que la respuesta al delito por parte de los adolescentes debe ser educativa, en vez de punitiva, reconociendo que sus capacidades de desarrollo son distintas a las de los adultos. Por eso, la ley limita la privación de libertad a los casos más extremos y favorece, en la práctica, medidas que los ayuden a integrarse y a reparar fundamentalmente el daño causado. Las sanciones diseñadas por el sistema deben contribuir al crecimiento integral del joven, tomando en cuenta sus condiciones personales, el contexto familiar que lo rodea y las dinámicas sociales en las que está inserto. Las personas adolescentes, en congruencia con su vulnerabilidad, cuentan durante el proceso con una serie de salvaguardias que garantizan el respeto a su dignidad. Se les debe proporcionar en todo momento la asistencia de un abogado con experiencia en justicia juvenil, lo que les permite un auténtico ejercicio del derecho de defensa. La normativa, de forma categórica, prohíbe que un adolescente sea conducido ante un tribunal de adultos, estableciendo a su vez que las medidas que deben cumplir tienen lugar en instituciones diseñadas exclusivamente para el trabajo socioeducativo Este carácter proteccionista refleja el compromiso del Estado ecuatoriano con los estándares internacionales de derecho humano, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, materializando una justicia restaurativa que busca la reintegración social efectiva del adolescente infractor, reconociendo su condición de persona en desarrollo y su derecho fundamental a la rehabilitación.